Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho y 11 años de edad, perdieron la vida en un supuesto enfrentamiento entre policías estatales y un grupo delictivo en San Miguel de Allende. Por este crimen sólo hay un detenido: el padre de los menores, quien era el velador del lugar donde ocurrieron los hechos y señalado por la Procuraduría del estado como un “multihomicida” y traficante de drogas y armas. Más de mil personas marcharon este lunes en calles de dicha ciudad con los féretros de los tres menores para exigir justicia y una investigación clara.
Este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad que murieron la noche del sábado en un presunto enfrentamiento entre fuerzas estatales y un grupo de sicarios en San Miguel de Allende, Guanajuato, marcharon para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas.
La manifestación fue convocada a partir de las 10:30 horas en la escuela Ignacio Ramírez, en la colonia Aurora, donde Mateo y Gabriel, de ocho y 11 años de edad, estudiaban el cuarto y sexto grado, respectivamente.
La banda de guerra de la escuela Ignacio Ramírez, a la pertenecían las víctimas, se integró a la marcha.
La gente, principalmente padres de familia con sus hijos, se congregó afuera de la escuela, sobre la avenida Aurora, a la espera del cortejo fúnebre, que partiría rumbo al templo del Oratorio, en pleno centro de San Miguel de Allende, donde realizan la misa de cuerpo presente.
Poco después de las 11:00 horas, la directora de la escuela declinó de realizar un homenaje a los menores dentro de la institución.
Algunos padres de familia confesaron su enojo porque la directora no accedió a abrir la escuela para que al menos por un momento los restos pudieran recibir algún tipo de homenaje, bajo el argumento de que “no era propicio”; por ello realizaron la valla sobre la calzada Aurora.
A las 11:45 horas llegó a las afueras de la escuela el cortejo fúnebre con los cuerpos de Juan Adrián, Mateo y Gabriel.
A 100 metros ya estaba una valla de alumnos, padres de familia y vecinos, más de 300 personas, para acompañar con globos y listones blancos los restos de los niños al templo del Oratorio.
Al mismo tiempo se desarrolló la audiencia del presunto responsable, el padre de los niños, identificado sólo como Antonio. La defensa del indiciado pidió que la audiencia sea privada, petición concedida por el Poder Judicial.
Según fuentes extraoficiales, el padre de los menores fue trasladado de los separos municipales al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esa ciudad.
Sobre los hechos ocurridos a la 1:00 de la madrugada del sábado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó más de 40 horas en emitir un comunicado sobre la muerte de los tres menores de edad, confirmando el saldo de un enfrentamiento entre un presunto grupo armado y elementos de Seguridad Pública Estatal y ministeriales, que habían acudieron ante el reporte de detonaciones entre los fraccionamientos La Paz y La Vista.
Sin embargo, el grupo de presuntos delincuentes “se dispersó por un patio trasero”, continúa el documento emitido a las 22:30 horas, que indica también que las pruebas de balística confirmarían responsabilidad del detenido, su propio padre, un velador de la finca donde ocurrieron los hechos.
El incidente ocurrió muy cerca de la carretera San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo, vía que estuvo cerrada a la circulación entre la una y las cinco de la mañana de ese sábado.
Durante el domingo, familiares de los menores señalaron que el presunto agresor, identificado como Antonio y su esposa Juana, eran buenos padres con sus hijos, Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho y 11 años de edad, y descartaron que alguno de ellos haya podido herirlos.
Sin embargo, en la información proporcionada por la PGJE se menciona que fue Juana quien aseguró que Antonio había asesinado a los tres menores justo cuando los elementos de la Policía Ministerial llegaron a la finca alertados por denuncias que advertían sobre un grupo delincuencial armado.
Asimismo, Juana señaló a los elementos que también iba a ser privada de la vida por parte de su marido.
El domingo por la noche, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, abrió de oficio un expediente de investigación.
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