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Gobierno de Peña Nieto espió a hijo de Carmen Aristegui


Agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software Pegasus de espionaje de NSO Group, atacaron a Emilio Aristegui para obtener información sobre el joven estudiante, su círculo cercano y el de la directora editorial de Aristegui Noticias.

Los ataques al hijo de la periodista comenzaron cuando era menor de edad, en su celular personal y, en algunos casos, cuando se encontraba en Estados Unidos.

El informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos” revela: “una serie de ataques contra periodistas y activistas en México, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, mediante el malware Pegasus”.

El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, y es publicado por el diario The New York Times y este sitio de noticias.

La investigación señala que “este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México: la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”.

En agosto de 2016 los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el mecanismo mediante el cual el software Pegasus infecta los teléfonos inteligentes. Por lo general el ataque se realiza al enviar un mensaje de SMS dirigido a la persona objeto del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir y forzando a hacer clic en un enlace adjunto.

El software se apodera del teléfono celular del individuo y permite acceder a todos su datos y funciones, por lo cual es una herramienta autorizada solo para perseguir criminales o terroristas.

Por su enorme potencial intrusivo, el software “Pegasus” únicamente puede ser adquirido por entidades gubernamentales facultadas para usarlo en casos relacionados con crimen organizado, terrorismo o cuestiones de seguridad nacional, siempre y cuando cuenten con la autorización judicial correspondiente.


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