Aramburuzabala gana batalla a López Dóriga
La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío número 225, confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del gobierno capitalino.

Ante tal decisión jurídica, esta semana deberán levantarse los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario que detonó una denuncia pública y una demanda penal de la empresaria Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien –según acusó– intentó extorsionarla con cinco millones de dólares para permitir la obra.

Se trata de 122 departamentos en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor nivel inmobiliario en la capital del país.

Según declaró Aramburuzabala a la revista Proceso (2026), desde septiembre del año pasado, López Dóriga afirmó en sus cuentas de redes sociales que esa obra debía ser clausurada. Además, acusó a la inmobiliaria Abilia de falsificar permisos para derribar árboles.

Lo que pocos conocían es que la esposa del conductor estelar de Televisa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la obra”.

En la entrevista con este semanario, Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver sus diferencias.

Después de las amenazas y de los mensajes del conductor y columnista vía Twitter, el pasado 19 de enero se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para clausurar la obra, pese a que el proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos.

En su demanda penal, Aramburuzabala advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.

A nombre de supuestos comités vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, la esposa de López Dóriga emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se incurrió en violaciones al uso del suelo en marzo y mayo de 2015.

Un mes después, entró a escena el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien tuvo un encuentro con representantes de la empresa Abilia para extorsionarlos con la entrega de casi 10 millones de dólares: cinco millones para la esposa de López Dóriga, 600 mil dólares por honorarios de él y más de cuatro millones por obras de “mitificación” en la colonia Polanco.

A cambio de esa cantidad, los quejosos se desistirían de las acciones vecinales y de las acusaciones ante las autoridades capitalinas en su contra. La amenaza de extorsión fue ventilada públicamente por Aramburuzabala.

Aún está pendiente el desenlace de la demanda penal que interpuso una de las mujeres más ricas del país contra el matrimonio López Dóriga-Pérez, el abogado Becerra Pocoroba y supuestos representantes de vecinos.
El pleito entre la mujer más rica de México y López Dóriga
La empresaria más rica del país, María Asunción Aramburuzabala, y el conductor de noticias más importante de Televisa, Joaquín López Dóriga, están enfrascados en un litigio por presunta extorsión de 5 millones de dólares a la inmobiliaria Abilia, por parte de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista, quien exigió a través de sus abogados esa cantidad, a cambio de no parar una obra de 122 departamentos en la zona más exclusiva de Polanco.


De acuerdo a la información publicada este 21 de agosto por el periódico Reforma, la denuncia por extorsión fue interpuesta en la fiscalía de la delegación Miguel Hidalgo, a la cual pertenece Polanco, e involucra también a Paloma Carrera Baños y a Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, y al abogado de estas vecinas Mario Alberto Becerra Pocoroba, ex diputado federal.

El escrito presentado el pasado 14 de agosto por la inmobiliaria Abilia, propiedad de Aramburuzabala, afirma que los acusados le solicitaron “en reiteradas ocasiones” un beneficio económico, “hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de 5 millones de dólares para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”.

La denuncia incluye un video de 45 minutos donde Becerra Pocoroba solicita dinero a nombre de Pérez Romo y los demás condóminos. Además de los 5 millones de dólares, el abogado cobró 600 mil dólares por el pago de sus honorarios y la exigencia fue precedida por tres verificaciones del Gobierno del Distrito Federal para suspender el desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío 225.


En esa misma calle tiene su departamento López Dóriga. La denuncia acusa que el hostigamiento ha sido realizado por la “influencia” que ejerce el comunicador y “la estrecha relación” que tiene con distintos funcionarios.

En respuesta a esta nota del periódico Reforma, López Dóriga negó a través de su cuenta de Twitter que haya “litigado” el problema vecinal “con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco”. 
También contraatacó a Aramburuzabala acusándola de “litigar” en Reforma para favorecer a su desarrollo. No negó ni confirmó la supuesta extorsión de 5 millones de dólares ni la relación de su esposa Pérez Romo con el conflicto.

Aramburuzabala fue vicepresidenta ejecutiva de Grupo Televisa, hasta que vendió en enero de 2006 el 50 por ciento de sus acciones en la televisora por 315 millones de dólares.

Desde la reestructuración financiera de Grupo Televisa, a la muerte de Emilio El Tigre Azcárraga, Aramburuzabala constituyó, junto con el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, parte de los acreedores y nuevos inversionistas que ingresaron a la compañía en la era de Emilio Azcárraga Jean. El accionista de Telmex y América Móvil acabó enfrentando abiertamente con sus ex socios, mientras que parte de las acciones de Aramburuzabala fueron adquiridas en el mercado bursátil por el banquero Roberto Hernández, viejo rival de Slim.

La fortuna personal de Aramburuzabala está valuada en 5 mil millones de dólares y fue vicepresidenta ejecutiva de la cervecería Grupo Modelo, fundada por su abuelo Félix Aramburuzabala y Pablo Diez. Encabeza Tresalia Capital un poderoso fondo de inversión que extiende sus redes en negocios inmobiliarios, infraestructura, telecomunicaciones, educación, salud y hasta grandes centros de datos digitales.

Las protestas por el desarrollo inmobiliario también se ventilaron en el periódico El Economista, el pasado 17 de agosto de este año. La nota señala: “Las torres de Aramburuzabala chocan con vecinos en Polanco”.

El texto del reportero Luis Carriles, en El Economista, no cita a ningún vecino pero señala que el megaproyecto “enfrenta la oposición creciente de los vecinos” ya que se construirán unas torres de 30 pisos de altura, con un valor de mercado de 400 millones de dólares.

El megaproyecto, afirma la nota, “viola abiertamente las leyes en materia de uso de suelo, medio ambiente, desarrollo urbano, impacto vial protección civil”, citando al comité ciudadano 2013-2016 de Bosques Chapultepec Polanco.

Los directivos de El Economista son cercanos a Joaquín López Dóriga.