PGR confirma la detención de Javier Duarte en Guatemala
Detención provisional con fines de extradición internacional de Javier Duarte de Ochoa por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.


La Procuraduría General de la República informa de la detención provisional con fines de extradición internacional de Javier Duarte de OchoaLa Procuraduría General de la República informa de la detención provisional con fines de extradición internacional de Javier Duarte de Ochoa
Autor
Procuraduría General de la República
Fecha de publicación
15 de abril de 2017
Como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en ese país.

La Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017.

De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala.

En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada hace unos momentos.

 JAVIER DUARTE DE OCHOA es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México

Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde hoy.

Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala, recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país.

En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado,  turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas. El gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas, de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.
PGR ayudo a liberar a Humberto Moreira de justicia española
El texto fechado en 2014 por un agente del Ministerio Público Federal, permitió la libertad condicional del exgobernador

Madrid.  El juez español Santiago Pedraz se convenció de la inocencia del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y decretó su puesta en libertad el viernes, gracias a un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) que presentó el defensor, en el que se le exculpa de cualquier vinculación con el cártel de “Los Zetas” y de haber “lavado” dinero procedente del narcotráfico.

Esta evidencia, se sumó a su testimonio y el de su abogado, Manuel Ollé, en la Audiencia Nacional de Madrid, y permitió que se decretara su salida de la cárcel madrileña de Soto del Real.

Se trata de un acta fechada el 12 de noviembre de 2014, en la que Ciro Osvaldo Hurtado Mendoza, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Alteración de Moneda, archiva una denuncia anónima realizada por correo electrónico contra el ex gobernador de Coahuila, en la cual se acusa a Moreira de “narcotráfico, alianza y protección a ‘Los Zetas’, nepotismo y endeudamiento estatal por 22 años y enriquecimiento ilícito”.

¿ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO?

Según la denuncia anónima que figura en el documento, secreto hasta ahora y al que tuvo acceso El Universal, “Humberto Moreira permitió a ‘Los Zetas’ el establecimiento de más de 400 tienditas expendedoras de drogas y alcohol en Saltillo y área conurbada, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales”.

En el documento también se le acusa de enriquecimiento ilícito y cita algunas de las supuestas compras que hizo como “un avión Ejecutivo Lear Jeat de 4.5 millones de dólares, la construcción de un complejo turístico de cabañas en Aspen, Colorado; bodegas industriales al norte de Coahuila, ranchos y terrenos en zonas industriales privilegiadas, y una casa en San Antonio, Texas, de 56 millones de dólares”, entre otras cosas que hizo, según la denuncia anónima, “a nombre de diferentes personas como prestanombres, en operaciones de compra hechas entre 2008 y 2010”.

El agente ministerial de la PGR, Hurtado Mendoza, no encontró en la investigación que encabezó indicios que sustentaran la denuncia anónima.

JUEZ NO ENCONTRÓ PRUEBAS CONTRA HMV

En su informe final el servidor público consideró que no hay pruebas “para acreditar la existencia de un delito” y concluyó que “no existen indicios de que el investigado se encuentre lavando dinero”, por lo que archivó el asunto.

Incluyó los testimonios de dos suboficiales de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, quienes le aseguran que aparte de la investigación que se realizó, Moreira no tiene antecedentes penales, ni tampoco tiene mandamientos ministeriales ni judiciales, “ni se encuentra bajo investigación por autoridades estadounidenses”.

LO QUE INVESTIGABA LA JUSTICIA DE ESPAÑA

La Fiscalía Anticorrupción española acusaba a Moreira de haber realizado transferencias por valor de 200 mil euros durante varios meses de 2013 a tres cuentas corrientes, en las que figura como titular en bancos españoles, y a través de las cuales podía estar “lavando” dinero del narcotráfico. Sin embargo, el documento de la PGR unido a la documentación aportada por Ollé justificando la procedencia del dinero —de dos sociedades que Moreira tiene—, llevaron al juez Santiago Pedraz a decretar el viernes su libertad. El Universal

El dato

La Fiscalía tiene entre tres y cinco días hábiles para apelar la libertad, si no lo hace, el caso sería sobreseído. Moreira, después de quedar libre sin tener que pagar fianza.

 
Petición de la familia de Julio Cesar Mondragón Fontes a EPN, PGR, a mexicanos y al mundo
A la Comunidad Internacional

Al Gobierno Federal

A la Procuraduría General de la República

A los movimientos sociales

A las organizaciones de la sociedad civil

A la opinión pública


Nosotros, la familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.

Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado, pacientemente, respuestas por parte de la PGR y de las autoridades correspondientes, pero esas respuestas nunca han llegado. Nos damos cuenta de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial. La autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las investigaciones. Por tanto, los hacemos corresponsables por participación u omisión en el homicidio. Turbiedades e incongruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado que no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Acusamos a la PGR de cortar todo contacto con nosotros, los principales afectados, relativo a los avances de la investigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo Número Dos, pactado directamente con el Ejecutivo federal mexicano el 29 de octubre del 2014.

La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.

Nosotros, Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin Mondragón, hermano de Julio César; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César y la familia y amigos que representamos, hacemos del conocimiento público que la investigación se encuentra de la siguiente manera:

1. Su expediente está incompleto.

2. En Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos.

3. Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido una respuesta fundamentada.

El Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuelto el caso Ayotzinapa, ante lo que los familiares de los normalistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez razones por las que no podía cerrarse, siendo una de ellas “Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.”

Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.

La familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, exigimos a la PGR; a la Presidencia de la República; al presidente de México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucradas en la investigación del homicidio, lo siguiente:

1. Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones. Reiteramos nuestra inconformidad por la divulgación de esta información sin haberla puesto antes a nuestra consideración así como que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trata de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.

2. Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos.

3. Que acepte las observaciones de relatores y juristas de la Organización de las Naciones Unidas, que en concreto señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de la justicia mexicana para los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa.

4. Que la justicia aplicada observe los estándares de los tribunales internacionales vigentes.

5. Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntualmente reparado.

6. Que en nuestras leyes mexicanas sean revisadas de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que cuando un gobierno cometa una violación a los derechos humanos sea castigado.

Lanzamos un llamado para que todos pongamos la mayor de las voluntades para formar un verdadero Estado de Derecho Mexicano, como lo establece la Constitución Política Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Nacional y con ella el progreso de todos. Justicia para todos los mexicanos víctimas, para Julio César Mondragón y sus dos compañeros ejecutados; para los heridos y los afectados por la desaparición de los 43, de quienes exigimos su aparición con vida.

Por último, exigimos que otras personas no sufran lo que nuestro joven enfrentó, pues de seguir con el mismo modelo, la impunidad permanecerá para siempre.

Que nunca más suceda.

Atentamente:

Marisa Mendoza, esposa de Julio César Mondragón Fontes; Lenin Mondragón, hermano de Julio César Mondragón Fontes; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondragón Fontes y la familia y amigos que representamos.