La iglesia católica en México volvió a ser centro de polémicas luego de que se revelaran más casos de delitos sexuales perpetrados por sacerdotes en contra de menores de edad.
El obispo de la Diócesis de Papantla con sede en el municipio poblano de Teziutlán, José Trinidad Zapata Ortiz, reveló durante el anuncio de la implementación del Plan Estratégico del Equipo Nacional de Protección de Menores que actualmente existen tres casos de curas denunciados por abuso.
El Plan, acordado por la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), busca erradicar prácticas como la pederastia dentro de la iglesia católica.
De acuerdo con Zapata Ortiz, dos de los sacerdotes denunciados han quedado fuera de la iglesia, mientras otro continua en proceso de investigación luego de las denuncias.
“Debo reconocer que, desafortunadamente, sí hemos tenido casos [de abuso] en la Diócesis. No estaban estas indicaciones, pero ya se nos venían dando indicaciones de cómo actuar en caso de abusos de menores. Yo he recibido tres denuncias, hay dos que por dispensa canoníca están fuera y hay otro que sigue su proceso”.
La Diócesis de Papantla, que contempla municipios de los estados de Puebla y Veracruz, fue la primera del país en implementar la guía que el CEM estableció para la protección a menores al otorgar talleres sobre los protocolos, informo Zapata Ortiz.
Por otra parte, el obispo señaló que por parte de la iglesia católica se ha buscado fortalecer los procesos para esclarecer este tipo de situaciones, con el fin de garantizar que ningún menor sea víctima de abuso sexual dentro de la iglesia.
Zapata Ortiz pidió fomentar la denuncia de cualquier tipo de abuso y acercarse a los integrantes de la curia diocesana para dar a conocer los hechos.
Detalló que ellos serán los encargados de elaborar un informe de acuerdo con los protocolos que marca el Plan Estratégico de Protección a Menores.
Además, el católico señaló que es encomienda del papa Francisco denunciar este tipo de hechos para construir una iglesia confiable y segura para los menores, con vínculos institucionales, sólidos y eficaces con las instituciones de procuración e impartición de justicia.