En Tamaulipas, la sombra de la incertidumbre sigue pesando desde que se dio a conocer la posible ejecución extrajudicial de ocho personas perpetradas por Policías Estatales, el pasado 5 de septiembre en el municipio de Nuevo Laredo.
El caso fue dado a conocer por los propios elementos de seguridad, quienes aseguraron que la ejecución de ocho personas, al parecer miembros del Cártel del Noreste, se dio en un fuego cruzado entre policías y civiles.
Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo rechazó la versión oficial y aseguró que se trató de una emboscada policial a civiles, y que el abatimiento de los occisos se hizo de manera deliberada.
El caso produjo un sismo político en México. El gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca pidió investigar lo sucedido y advirtió que no iba a permitir masacres.
Hasta el momento, la única medida que se ha tomado desde entonces es la suspensión y la captura de los ocho policías que participaron en la ejecución.
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Los tenían y los dejaron ir
A poco más de 20 días de los hechos, aún no se tiene una información certera incluso, las autoridades de Tamaulipas han contemplado ofrecer una recompensa por informes que den con el paradero de los ocho agentes involucrados en el multihomicidio.
El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, detalló que ninguno de los policías acusados por homicidio calificado, abuso de autoridad, allanamiento de morada y falsedad de declaración a la autoridad, ha promovido un amparo y que las investigaciones siguen por parte de la Fiscalía General de la República.
El pasado 12 de septiembre se ordenó la suspensión de los agentes por los hechos ocurridos en la colonia Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo. Ésto puso en alerta a los elementos, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia y con una orden de arresto.
Por esta razón, las autoridades estatales pusieron sobre la mesa una posible recompensa para detener a los ocho elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas implicados en el caso.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitó más ordenes de aprehensión para al menos otras 13 personas, incluyendo al Director del Grupo de operaciones especiales de CAIET, pero esto dependerá de los avances de la investigación.
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El tema de la inseguridad en Tamaulipas ha sido puesto por el Senado de la República con argumento para la desaparición de poderes. Ésto, evidentemente, causó la molestia del mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca y de su partido de cabecera, Acción Nacional.
Los senadores de Morena que promovieron dicha iniciativa como Guadalupe Covarrubias y Américo Villarreal, denunciaron acoso y hostigamiento por el gobierno tamaulipeco. “Han llegado al extremo de amenazar a sus familias y de estar contratando en las comunidades, personas que vayan a manifestarse los próximos días, respaldando artificialmente a los gobernadores”, señaló el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto, las autoridades de Tamaulipas abrieron 3,806 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Pese a lo alarmante de los números, las cifras disminuyeron en comparación de los asesinatos cometidos en el mismo periodo del 2018, donde se contabiliazaron al menos 3,991 asesinatos.